Multa de 700 UTM de la Superintendencia de Salud queda sin efecto por prescripción (La Corte Suprema lo confirmó por unanimidad)
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martes 6 de octubre, 2026
Por Marcelo Gallardo Camus, Socio de Vial Gallardo Abogados
El caso
Una clínica de Santiago fue multada con 700 UTM por la Superintendencia de Salud por infringir el art. 173 inc. 7° del DFL 1/2005 de Salud, al exigir un pagaré como condición para atender a un paciente en urgencia vital. La clínica reclamó la prescripción ante la Corte de Apelaciones (art. 113 DFL 1).
Cronología
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27/02/2013: hechos.
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17/07/2018: reclamo ante la Superintendencia.
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30/12/2020: cargos.
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03/05/2023: multa.
Lo que resolvió la Corte de Apelaciones
La infracción es instantánea, no permanente. Se consuma al formularse la exigencia («exigir o condicionar»); el posterior cobro del pagaré es un efecto civil, ajeno al ilícito administrativo.
El plazo de prescripción es de seis meses (art. 94 Código Penal), y no cinco años (art. 2515 Código Civil, tesis del Dictamen de Contraloría N° 24.731, de 2019), porque: (i) pena y sanción administrativa son manifestaciones del mismo poder público (ius puniendi); (ii) sería contrario a la igualdad ante la ley (art. 19 N°2 CPR) perseguir un ilícito administrativo por un plazo casi diez veces mayor que una falta penal; (iii) el art. 2515 CC regula obligaciones patrimoniales, no potestades sancionadoras del Estado.
Decisión
La Corte acogió el recurso de la clínica, sin costas, dejó sin efecto la multa de 700 UTM y ordenó dictar una nueva resolución sobre la base de que la acción está prescrita.
Corte Suprema
Mediante sentencia publicada el 5 de octubre (Rol N°47.838-2026), la Corte Suprema confirmó unánimemente el fallo, consolidando el plazo de prescripción de seis meses.
Para considerar
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Los principios del derecho penal se proyectan al derecho administrativo sancionador.
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Los dictámenes de Contraloría obligan a la Administración, pero no a los tribunales de justicia.
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El tiempo que la Administración tarda en ejercer su potestad importa, y mucho.
Fuentes: C.A. de Santiago, Contencioso Administrativo N°503-2023 (6/08/2026); Corte Suprema, Rol N°47.838-2026 (16/09/2026).

Marcelo Gallardo Camus
Socio - marcelo.gallardo@vgcycia.cl
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